La obesidad, la bulimia y la anorexia ya son consideradas enfermedades, según establece la ley aprobada por unanimidad por la Cámara de Senadores de la Nación. Estos trastornos deben ahora ser incorporados al Programa Médico Obligatorio, y su tratamiento médico, nutricional, psicológico, clínico, quirúrgico y farmacológico debe ser cubierto por las obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Un largo camino

La sanción de la norma es el corolario de un camino de casi veinte años desde la primera iniciativa, presentada por el especialista en obesidad Alberto Cormillot en el Congreso en 1989. Durante ese largo tiempo surgieron cerca de veinte proyectos más -que en agosto de 2007 fueron unificados en un solo dictamen en la comisión de salud del Senado- y se sumó el apoyo del programa televisivo Cuestión de Peso, que impulsó una campaña sin precedentes en el país para la aprobación del proyecto.

"Significa un avance enorme que esta enfermedad que causa la muerte de cuarenta mil personas por año comience a estar dentro del sistema de salud", festejó el doctor Cormillot, invitado a la sesión del Senado. "La obesidad es una enfermedad crónica que aumenta significativamente las probabilidades de desarrollar complicaciones como diabetes tipo 2, cáncer y enfermedades cardiovasculares: es la segunda causa de muerte prevenible detrás del cigarrillo", explicó.

En noviembre de 2007, el Senado había dado media sanción al proyecto y lo había enviado a Diputados, que en junio último realizó modificaciones. Entre ellas, eliminaba la inclusión de la bulimia y anorexia nerviosa como trastornos alimentarios, así como un artículo que obligaba a advertir sobre el riesgo del consumo excesivo de productos con azúcar en publicidades y promociones de los mismos. También se había agregado la obligación para la Administración de Prestaciones Especiales (APES) de compensar a las obras sociales por las prestaciones que estuvieran fuera del Programa Médico Obligatorio (PMO), como la cirugía bariátrica.

El proyecto regresó al Senado, donde se aceptó la modificación lograda por los diputados de las provincias azucareras, en el sentido de que no se pusiera a las promociones de azúcar una leyenda obligatoria que la signara como "perjudicial para la salud".
La obligación sólo se referirá, entonces, a "alimentos con elevado contenido calórico y pobres en nutrientes". El resto de las modificaciones de Diputados fueron rechazadas.

De la cobertura médica a la educación y la publicidad

La flamante ley exige a las obras sociales y empresas de medicina prepaga que cubran en forma integral trastornos alimentarios como bulimia y anorexia y las distintas modalidades del tratamiento de la obesidad, incluidas las cirugías bariátricas. Además, obliga al Estado a impulsar programas de información en materia de alimentación y salud, y hace hincapié en la educación alimentaria y en la alimentación en las escuelas. También hace referencia al desarrollo de estándares que garanticen la calidad nutricional de los alimentos ofrecidos en comedores escolares y planes alimentarios nacionales. La medida alcanza a los quioscos escolares, que deberán incluir “alimentos para una dieta equilibrada”, así como las máquinas expendedoras.

Por otra parte, obliga a que los anuncios publicitarios y los diseñadores de moda no utilicen la "extrema delgadez" como símbolo de salud y belleza, y prohíbe la participación de menores de 21 años en los avisos de productos para bajar de peso, así como la publicación o difusión en medios de comunicación de dietas o métodos para adelgazar que no tengan el aval de un médico o nutricionista.

"Lamentablemente la ley no contempló la prohibición de la publicidad de alimentos con alto contenido calórico, grasas y azúcar dirigida a los niños, que sí figuraba en el proyecto original -comentó Cormillot-. Si reciben diez mil avisos publicitarios por año incitándolos a consumir ese tipo de alimentos, es difícil que puedan discernir".

En cuanto a la discriminación a los obesos, la norma señala que “los proveedores de bienes y servicios con destino al público en general” no pueden negarse a proporcionar el bien o servicio solicitado, en cuyo caso serían sancionados. Aquí se ven alcanzadas empresas de transportes, aerolíneas, cines o teatros, que no suelen tener instalaciones aptas para personas con obesidad severa, y en algunos casos se niegan a prestar el servicio o cobran doble tarifa. Otro artículo establece que los establecimientos educacionales y sanitarios dependientes del Estado nacional deberán contar con las comodidades y equipamiento adecuado para el uso y asistencia de las personas obesas.

El futuro

Algunos artículos de la ley necesitarán de la reglamentación de las autoridades competentes antes de poder ser aplicadas. De este modo, entre otras cuestiones que deberán ser definidas, está la de los criterios médicos que se exigirán para acceder a las distintas modalidades de tratamiento.

Ver texto completo: Ley 26.396 de trastornos alimentarios, sancionada por el Senado de la Nación (13/08/2008) y observaciones por decreto 1395/2008 del Poder Ejecutivo (02/09/2008).